Decanos UC publicaron carta en El Mercurio sobre la labor de las universidades tradicionales no estatales.

Bajo el título “Castigo a universidades por no pertenecer al Estado”, fue publicada en El Mercurio una carta firmada por todos los decanos de la UC. En el documento se señala: “El debate planteado en las últimas semanas sobre el financiamiento de la educación superior en Chile, y en particular sobre el apoyo económico prioritario que debería brindar el Estado a las universidades estatales, revela un profundo desconocimiento y menosprecio a la histórica labor que han venido realizando las universidades tradicionales no estatales, que conforman el grupo G9 y que, junto con las universidades estatales, integran el Consejo de Rectores”.

Las autoridades declararon que el planteamiento señalado incurre en el error de confundir lo público con lo estatal. “Lo público debe entenderse como un servicio o un bien abierto a la comunidad y para beneficio de ella. El deber del Estado es apoyar el bien público, como es el caso de la educación en general y, en el caso que nos ocupa, la educación universitaria. En el marco de lo anterior es legítimo que el Estado financie a sus universidades, pero no por ello abandone al resto de las universidades del sistema que cumplen muy bien su labor pública. Las universidades tradicionales no estatales indiscutiblemente realizan labores de bien público como la educación y formación de personas, y la generación, transferencia y difusión de conocimientos científicos y creación artística, y por ello merecen recibir, como hasta ahora, aportes del Estado”, aclaran.

Los académicos explicaron que un Estado democrático no solo debe admitir, sino que debe fomentar el pluralismo y la diversidad. “En ese contexto, este Estado debe reconocer, alentar y sostener, a través de acciones concretas, incluida la entrega de recursos económicos, las contribuciones de todos los proyectos educativos que buscan mejorar las condiciones culturales, profesionales y laborales de los ciudadanos de nuestro país. Por ello, sería altamente discriminatoria e injusta cualquier política pública que excluyera el apoyo financiero del Estado a entidades educacionales no estatales que aportan al bien común de forma significativa”, recalcaron.

“El criterio para la asignación de fondos públicos a las distintas universidades debe ser la calidad y no su estructura de propiedad. Este criterio de calidad es el que se aplica actualmente, por ejemplo, en el apoyo a la formación de estudiantes de pregrado mediante el aporte fiscal indirecto, en el que se toma en cuenta el puntaje de la prueba de ingreso de los nuevos alumnos. En tanto que en la investigación básica y aplicada, el financiamiento se asigna según el mérito de los proyectos y, en lo concerniente al mejoramiento educativo y al desarrollo institucional, los fondos provienen de programas como Mecesup y Conicyt, dependientes del Ministerio de Educación. Cabe señalar que las diversas modalidades de acceso al financiamiento del Estado son competitivas o concursables, y contemplan normas de uso responsable de los recursos, que obligan a las universidades que los reciben a dar cuenta de en qué y cómo los usaron; es decir, hay transparencia y responsabilidad frente a los contribuyentes”, puntualizaron los decanos.

Destacando la labor de servicio de la UC, las autoridades de las Facultades de la casa de estudios expresaron: “La Universidad Católica de Chile, con más de 125 años de existencia, ha cumplido cabalmente con su misión pública, al formar generaciones de profesionales y científicos de alto nivel y propender al desarrollo del conocimiento, de la cultura y de las artes en sus diversas manifestaciones”.

“Castigar a las universidades por no pertenecer al Estado, restringiendo sus posibilidades de financiamiento, no solo reducirá la oferta de calidad en educación superior, sino que también afectará negativamente el principio de la equidad, al reducir en ellas la posibilidad de continuar desarrollando exitosas políticas de inclusión que sigan favoreciendo a jóvenes talentosos, independiente de su situación socioeconómica o condición física, generando en los hechos justamente el efecto contrario a aquel que se busca promover”, recalcaron las 18 autoridades.

Para concluir, expresaron: “En virtud de lo anterior y de nuestra calidad de integrantes del Consejo Superior de la UC y representantes de las comunidades académicas de sus 18 facultades, apoyamos a nuestro rector, Ignacio Sánchez, y concordamos con los planteamientos que él ha expuesto en sus diversas declaraciones y, en particular, en su reciente discurso de inauguración del año académico de nuestra Universidad”.

Fue firmada por las siguientes autoridades:
Rodrigo Figueroa
Mario Ubilla
Ramón López
Juan Correa
José Miguel Sánchez
Eduardo Valenzuela
Silvia Pellegrini
Roberto Guerrero
Cristian Cox
Mariano de la Maza
Máximo Bañados
Patricio Bernedo
Juan Carlos de la Llera
Mario Lillo
Martín Chuaqui
Luis Ibáñez
Bárbara Loeb
Fredy Parra

INFORMACIÓN PERIODÍSTICA
Virginia Soto-Aguilar C., periodista, msotoagu@uc.cl

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